La creación de un régimen autonómico en 1898 permitió el desarrollo en Cuba de una experiencia de autogobierno única en la historia de la isla. La concesión de la autonomía política constituía la materialización de los sueños de autogobierno perseguidos a lo largo del siglo XIX por el reformismo antillano. Era, además, el último recurso de la metrópoli para evitar una inminente intervención estadounidense, poner fin a la insurrección y mantener, siquiera nominalmente, la soberanía española sobre la isla. El régimen autonómico abrió la posibilidad de establecer un marco de relación con la metrópoli consensuado por la mayoría de la sociedad cubana, pero se frustró debido a la actitud de Estados Unidos, que alentó la negativa de los revolucionarios a cualquier acuerdo que no supusiera el inmediato final de la soberanía española sobre Cuba y que utilizó este fracaso como pretexto para poner en marcha la intervención.
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